La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 primer y último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 fracción X, 77 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; 1, 3 fracción IX, 4, 18, 24 y 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, fracciones III y VIII, artículo 5, 15, 31, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y trigésimo octavo, fracciones I y II, y cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia nombre de la parte actora, nombres de las autoridades demandadas, nombres de terceros, nombres de representantes legales, nombres de testigos, domicilios particulares, folios de identificaciones, cuentas bancarias, y en general, todos los datos que pueden identificar o hacer identificable a la persona física (información considerada legalmente como confidencial), por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.

Conforme el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, éste tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, conocer  de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves; fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios, así como conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. Tiene como objetivo resolver controversias entre las personas y las autoridades fiscales o administrativas del Estado o de los Municipios, cuando éstas emiten, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que consideran afectan sus derechos.