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FRACCIÓN I.

Normatividad aplicable.

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
  • Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia.
  • Ley General de Educación.
  • Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
  • Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
  • Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres.
  • Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
  • Ley Federal del Derecho de Autor.
  • Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
  • Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
  • Ley de Archivos Generales del Estado y Municipios de Guanajuato.
  • Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
  • Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.
  • Ley de Expropiación de Ocupación Temporal y de Limitación.
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: 30/09/2018
Fecha de validación: 31/10/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Secretaría General de Acuerdos.

Conforme el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, éste tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, conocer  de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves; fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios, así como conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. Tiene como objetivo resolver controversias entre las personas y las autoridades fiscales o administrativas del Estado o de los Municipios, cuando éstas emiten, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que consideran afectan sus derechos.

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